Un año mas recordamos la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una declaración de derechos fundamentales que, reconocida por la mayoría de los Estados del planeta, busca la confraternización de todos los seres humanos, para hacer un mundo mas habitable, sin penuria, violencia o guerra.
Sin embargo, la situación de estos derechos se está tornando cada vez más difícil e inviable por la acción de las grandes potencias occidentales, que país a país y continente están sembrando la destrucción. Así, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Palestina, etc. son ejemplo de cómo países enteros son hundidos en la miseria con fines espurios, aunque camuflando estos fines como "humanitarios". África es otra víctima de esta "alta política", y se extienden guerras y hambrunas, cuyas víctimas acaban en nuestras puertas.
En España, la monumental crisis-estafa que padecemos, junto con la acción del actual Gobierno, está liquidando el Estado social y democrático de Derecho. Venimos sufriendo una política de expropiaciones de bienes públicos, con privatización de la Sanidad y Educación, favoreciendo los intereses de elites políticas y económicas, en perjuicio del acceso de los ciudadanos a bienes públicos básicos. Y no se abordan reformas en la Justicia, que vengan a impedir las interferencias del Gobierno en la independencia del Poder Judicial y la tutela judicial efectiva de las/os ciudadanas/os; concurriendo que el Gobierno en cuestión se encuentra inmerso en numerosos casos de corrupción, por los que su Partido Político y muchos de sus dirigentes están siendo juzgados numerosos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas.
Melilla no es una excepción en el declive de los Derechos Humanos. Este año más cadáveres han aparecido en nuestros límites, de personas que han recorrido miles de kilómetros buscando libertad, justicia, trabajo, dignidad; algunos, muertos de forma violenta, sin que llegue a saberse nunca la causa y los responsables. Son muertes que se producen, entre otros motivos, por ahogamiento intentando llegar a nado a nuestra ciudad, en pateras, o por accidentes al intentar entrar en los barcos como polizones. Todo ello por los impedimentos para entrar legalmente en España y Europa, y en especial a las/os ciudadanas/os subsaharianas/os para acceder a la oficina de asilo de la frontera de Beni-Enzar. Y los que no mueren en el camino pueden pasar años en el CETI de nuestra ciudad, esperando un futuro incierto, que puede acabar en un CIE (cárcel para inmigrantes), y en su regreso al lugar de origen.
Melilla sufre los mayores índices de paro y exclusión social de la Unión Europea, sin que el ingente capital público que llega tanto del Estado español como de Europa acabe con esta situación, fundamentalmente porque sirve a los exclusivos fines de mantener y reforzar en sus cargos públicos a la nomenclatura local, que gestiona estos fondos. Esta situación viene anudada a numerosos casos de corrupción pública, que se eternizan por la falta de medios en la Administración de Justicia, mientras se acosa a activistas sociales, funcionarios, …, que pretenden un funcionamiento normal del Estado y sus instituciones públicas.
Siendo tenebrosas las expectativas en la situación que vivimos, la esperanza alumbra en muchos lugares, y cada vez más surgen iniciativas de ciudadanos y ciudadanas libres, que unen sus fuerzas buscando el bien común, la defensa de lo público, de lo que es de todos. Alentar, crear, aplaudir, participar en estas acciones es la solución para una dramática situación que no ha tocado fondo, y que amenaza con llevarse todos los derechos de las personas.
Hay que reconocer, especialmente, el esfuerzo de todas/os aquellas/os que se movilizan por la escolarización de esas/os niñas/os, a los que desde el Ministerio de Educación se impide que puedan ir al colegio; también un año más, a las familias de Emin y Pysli y sus amigas/os, que no dejan de demandar explicaciones gubernamentales por su asesinato a manos de marinos del Reino de Marruecos. A todas/os ellas/os, muchas gracias.
