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Intervenidas en 2017 en Melilla mercancías falsificadas por valor de más de 9 millones

Momento de la fiscalización de las mercancías

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han cerrado el año 2017 en Melilla con 34 actuaciones contra la lucha contra la propiedad industrial, lo que ha supuesto la intervención de más de 1,6 millones de unidades de mercancía falsificada, cuyo valor supera los 9 millones de euros. Un total de 35 personas pasaron a disposición judicial como investigadas en la lucha contra la falsificación de prendas y productos, modalidad delictiva englobada en los delitos contra la propiedad industrial, según el balance realizado ayer por la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla. En total han sido 1.620.000 las unidades de distintos productos y prendas falsificadas que han intervenido la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, las cuales han sido retiradas antes que lleguen al consumidor de forma fraudulenta.

Tres actuaciones en la recta final del año
Las últimas tres actuaciones de este tipo que llevaron a cabo el año pasado tuvieron lugar entre noviembre y diciembre del año pasado en el puerto de Melilla, donde fueron intervenidas ropa de confección y piezas de locomoción, como filtros de aceite y otros, con logotipos y diseño de de marcas protegidas muy conocidas.
Esta mercancía falsificada iba en tres contenedores, dos de ellos con procedencia de puertos asiáticos con mercancía declarada como ropa de confección, y el último procedente de un puerto europeo, con piezas de motor de vehículos.
En la confrontación directa de la mercancía se descubrieron de forma oculta y entre otras partidas legales, miles de productos de ropa de confección, como calcetines, leotardos de señora y caballero, piezas de locomoción, y otros como filtros de aceite y productos de sellado en tubos de silicona, con los logotipos y diseño de conocidas y primeras marcas, susceptibles todas ellas por determinados indicios de ser falsificados.
El total de la mercancía falsificada intervenida tiene un valor conjunto superior a los 900.000 euros y han sido tres las personas que en calidad de investigadas han pasado a disposición judicial como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial.

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Redacción

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