El Gobierno central, a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, ha afirmado que la posibilidad de atribuir la tutela de los menores extranjeros no acompañados a ONG, como recoge la Ley de Extranjería, debe recibir el impulso de las comunidades y ciudades autónomas. El Defensor del Pueblo, en un expediente a instancias de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, señala esta conclusión de la Secretaría General de Inmigración y Emigración acerca de las actuaciones de esta institución sobre la posibilidad de implementar las previsiones recogidas en los artículos 35.11 y 12 de dicha Ley. El expediente se hace eco del informe del organismo estatal "a la vista de la excesiva ocupación" del Centro de Protección de Menores "Fuerte de la Purísima", que acoge actualmente a más de 350 menores inmigrantes, según las cifras facilitadas esta semana por el Gobierno de Melilla.
El artículo 35.11 de la Ley de Extranjería establece la posibilidad de que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas puedan establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados.
En el artículo 35.12, señala que las comunidades autónomas podrán llegar a acuerdos con las comunidades donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, "con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración".
Sobre estas dos posibilidades recogidas en la Ley, la Secretaría General de Inmigración y Emigración apunta que "se refieren a medidas relacionadas con la asunción de la tutela de los menores", por lo que "toda actuación que se desarrolle sobre esta cuestión debe recibir el impulso de las administraciones competentes, que son las comunidades y ciudades autónomas".
Dicho organismo recuerda que ha realizado actuaciones "para apoyar el esfuerzo que realizan dichas ciudades autónomas" al verse "afectadas por una mayor presión migratoria, particularmente menores no acompañados, que otros territorios del Estado español" debido a su situación geográfica.
En este sentido, apunta que el Estado inició en 2005 una colaboración "para mejorar la atención a estos menores acogidos y tutelados por estas ciudades" mediante convenios anuales, dirigidos a su atención inmediata y acogida, en prestarles información, orientación y apoyo psicosocial, y en su escolarización y/o inserción profesional.
La cuantía de la ayuda, en el caso de Melilla, ha ascendido en 2017 a 4.103.890 euros, más del doble de la concedida en el año 2016.Melilla tutela actualmente a unos 650 menores en todos sus centros de acogida, siendo el de La Purísima el que cuenta con mayor ocupación.
