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Melilla Hoy 23/10/2017    1 de junio de 2020

Justicia

La fiscal jefe en Melilla, María Isabel Martín López, realizó la petición de retirada de la nacionalidad durante el juicio ayer
La fiscal jefe en Melilla, María Isabel Martín López, realizó la petición de retirada de la nacionalidad durante el juicio ayer

La mujer, que apenas chapurrea el idioma, es de origen amazigh y logró el carné durante el proceso de regularización documental de los 80

La fiscal del "caso voto por correo" que se juzga en la Audiencia Provincial ha anunciado durante la vista que se celebró ayer que va a pedir que se despoje de la nacionalidad española a una mujer de origen amazigh por no saber hablar el idioma español. Se trata de una mujer mayor nacida en el año 1946, es decir próxima cumplir los 72 años de edad, que obtuvo la nacionalidad española durante el proceso de regularización de la población de origen bereber emprendida en la mitad de la década de los ochenta, en concreto de aquellos que podían demostrar su arraigo en Melilla desde hacía años. Entre estos había muchos que, aún llevando décadas en la ciudad, no conocían el castellano, en concreto personas mayores y analfabetas. Su citación ayer como testigo para una vista en la que se juzga la presunta compra de votos le puede costar el DNI por no haber podido responder en español a las preguntas de la fiscal, motivo por el que ésta ha solicitado que se inicien los trámites para retirarle la nacionalidad. Será, sin embargo, el Ministerio de Justicia el que tendrá la última palabra. Fuentes jurídicas han apuntado no obstante que es poco probable que la petición fiscal prospere porque el no saber hablar bien el español no es razón suficiente como para quitarle los papeles a una persona que lleva disfrutando de ellos más de 30 años.
Piden hasta cinco años de cárcel a un unos jóvenes por dos robos en los Pinares

Dos de ellos están acusados de robar la moto a un joven que, tras este primer robo fue también atracado a punta de pistola por otro acusado

En la madrugada del 18 de octubre de 2015, un joven denunció haber sufrido en el barrio de los Pinares el robo de su moto y, minutos después, un atraco a mano armada en el que otro individuo le arrebató el teléfono móvil. Los jóvenes acusados de robar la moto se defendieron afirmando que la víctima “se la había dejado voluntariamente” -de hecho, el perjudicado recuperó la moto diez minutos después de haberla “soltado”- y señalaron a otro vecino del barrio como autor del atraco a punta de pistola. La Fiscalía, que levantó la acusación sobre dos de los jóvenes implicados en el supuesto robo de la moto, pidió para los otros dos penas de dos y tres años y medio, respectivamente. Para el acusado del segundo atraco, se pidieron 5 años de prisión.
Le piden dos años de cárcel por amenazar de muerte y agredir a un agente en Beni Enzar

El acusado trató de acceder a la ciudad contraviniendo las indicaciones del agente y arremetió contra él, intentando agredirle

Sobre las 9 de la mañana del 1 de junio de 2015, en pleno despliegue de un dispositivo policial en la frontera de Beni Enzar a raíz de una manifestación de porteadores en el lado marroquí, un individuó trató de acceder a la ciudad contraviniendo las indicaciones del agente que salió a su encuentro. El acusado, un ciudadano marroquí conocido como “el chino” -que ya había protagonizado altercados anteriormente-, increpó al agente, amenazándole de muerte e insultándole, para posteriormente tratar de agredirle pegándole un puñetazo y lanzándole una caja de madera. La Fiscalía solicitó para el acusado una pena de dos años de prisión por un delito de atentado y la imposición de una multa por las amenazas.
El Supremo ratifica la condena de la Audiencia Provincial, que tras el juicio, celebrado en febrero del año pasado a puerta cerrada, condenó a F.M. a 13 años y seis meses de prisión
El Supremo ratifica la condena de la Audiencia Provincial, que tras el juicio, celebrado en febrero del año pasado a puerta cerrada, condenó a F.M. a 13 años y seis meses de prisión

El Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por F.M., que había ejercido su derecho a recurrir la sentencia condenatoria por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto constitucional

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por F.M., un hombre, militar de profesión, que había sido condenado a 13 años y seis meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a una menor, hija de la mujer con la que convivía y tenía una relación de pareja. La sentencia, a la que ha tenido acceso MELILLA HOY, ratifica de esta forma el auto emitido hace más de nueve meses por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede permanente en Melilla, e impone al condenado las costas que ha ocasionado su recurso de casación.
Condenan a pagar 3.960 euros de multa por calumniar a Nasera Al Lal en un programa de Cablemel

La justicia ha fallado a favor de la actual viceconsejera de Integración Cultural después de que el joven la acusara de comprar votos

La justicia ha fallado a favor de la actual viceconsejera de Integración Cultural, Nasera Al Lal, quien denunció a un joven, Sufian Abdelah, tras salir en un programa de televisión de la extinta Cablemel -en noviembre de 2014- acusándola de haberle comprado su voto por 50 euros. Nasera Al Lal, quien ha afirmado haber pasado “un infierno” a raíz de estas falsas acusaciones, se personó como acusación particular, pidiendo una pena de 13.200 euros de multa y 10.000 de indemnización por los perjuicios que le habían causado estas calumnias. El juez, que consideró como probados los hechos, sentenció finalmente a este individuo a pagar 3.960 euros de multa. También condenó a Cablemel (Contenidos Melilla SL) y al acusado a pagar 5.000 euros de indemnización, además de publicar en MELILLA HOY la sentencia.
Condenado a 3 años de prisión el traficante “cazado” con 21 Kg de Hachís

El acusado, de origen marroquí, llevaba la droga escondida en huecos del salpicadero, siendo tasada en un total de 35.000 euros

El día 11 de abril de 2017, un vehículo que se disponía a embarcar en el ferry de Trasmediterránea en dirección Almería fue interceptado y registrado por agentes de la Guardia Civil, que encontraron en el interior del salpicadero un total de 21 Kg de hachís, valorados en alrededor de 35.000 euros. El conductor, detenido y acusado de un delito contra la salud pública, es de origen marroquí, tiene antecedentes y ha estado en prisión preventiva desde que fue “cazado” (hasta la celebración del juicio). La Fiscalía pedía para el acusado un total de 3 años de cárcel, más una multa de 40.000 euros. A pesar del reconocimiento de los hechos que se le imputaban, la pena quedó finalmente en los tres años que solicitaba el Ministerio Público, el mínimo previsto.
Condenado a 3 meses de prisión por agredir borracho a un agente en Beni Enzar

El acusado, un ciudadano marroquí, se puso muy agresivo con uno de los agentes cuando pretendía acceder a Melilla

La Fiscalía pedía un año de prisión y 1.440 euros de multa para un ciudadano marroquí que, a primera hora de la mañana del 7 de septiembre de 2016, cuando cruzaba la frontera de Beni Enzar en dirección a Melilla, forcejeó con un agente de Policía Nacional, agrediéndolo y amenazándole, tanto a él como a su familia. El agente, incapaz de reducir a este individuo, que estaba “muy bebido”, necesitó del auxilio de sus compañeros. La Fiscalía, tras adherirse la defensa a la petición de sentencia condenatoria, redujo sus pretensiones de pena a la condena final: 3 meses de prisión (que debería cumplir pues tiene antecedentes), y 90 euros de multa.

Murieron 15 inmigrantes intentando acceder a Ceuta en febrero de 2014

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ha decretado este viernes, por segunda vez, el sobreseimiento libre y el archivo de la causa abierta hace casi cuatro años por los hechos del 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en la ciudad hermana.
Condenados a pagar 2.160 euros por no llevar a su hija al colegio

Los padres, acusados de un delito de abandono familiar, reconocieron los hechos ante la juez

La pareja ha sido condenada por un delito de abandono familiar por no haber llevado a su hija, que por entonces tenía 11 años, a clase durante un total de 21 días repartidos entre enero y abril de 2013, en el segundo trimestre. Los responsables del centro, el CEIP Reyes Católicos, denunciaron la situación y los padres, que han reconducido la situación y llevan con normalidad a su hija al colegio desde entonces, han sido condenados a pagar una multa de 1.080 euros cada uno, si bien no se les privará de la custodia de su hija.
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